CARTA ABIERTA A ANTONIO SANZ MARCA, DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL PARQUE VIA DE LA PLATA
Estimado señor:
En abril del corriente año denuncié ante el servicio de Atención al Paciente de Hospitales Parque (única e ineficaz herramienta que esta opaca cadena hospitalaria pone a disposición de sus pacientes) haber sido objeto de un trato denigrane por parte de uno de los médicos del Vía de la Plata, del que es usted director; pero, pese a los varios escritos que les envié persistiendo en mi queja, no vi atendida mi pretensión. Le recuerdo sucintamente los hechos:
En marzo del corriente año, con ocasión de una consulta de psiquiatría, el facultativo que me atendió, Isaac Álvarez Morales, tras negarse a proporcionarme un informe médico y despedirme sin miramientos, y la emprendió luego conmigo a voces, insultos e incluso amenazas físicas en mitad del pasillo, en presencia de otros pacientes y empleados, sin más “causa” que la de haber recibido mi reproche por sus groseras acusaciones de animus fraudandi y el trato muy descortés que me dispensó, contrario a la ética profesional. Además, se negó a seguir prestándome asistencia médica y, a este efecto, instruyó al servicio de admisión del hospital para que no volviesen a darme cita con él.
A raíz de este episodio presenté ante ustedes la pertinente queja, en la que les solicitaba una investigación de cara a sancionar tan deplorable conducta. Desde Atención al Paciente me respondieron, primero, que le trasladaban el incidente al Vía de la Plata para estudiar y valorar el caso; y días más tarde, ante mi insistencia, el mismo departamento me dio largas diciendo que seguían trabajando en ello, que habían abierto una investigación interna y que me darían una respuesta a la mayor brevedad. Pero no sólo incumplieron su palabra sino que, de hecho, la única nueva notificación que recibí no vino directamente de ustedes, sino del juzgado de Zafra, en forma de una denuncia penal que, tras haber tenido conocimiento de mi queja, presentó contra mí a modo defensivo el propio médico que me había zaherido -añadiendo así, al agravio, la infamia-, y en la que, merced a una distorsión de los hechos, me acusaba de un supuesto delito de coacciones.
De esta denuncia también los informé en su momento, pero ni se dignaron darse por enterados; y habida cuenta su largo mutismo, es ya evidente que optaron por archivar mi queja, confiando -es de suponer- en que sobre el deplorable episodio protagonizado por el señor Álvarez cayera el amable manto del olvido. De la prometida investigación -si es que la hubo- nunca más se supo, pese a que, de haber tenido una verdadera voluntad de esclarecer el caso, les habría resultado muy fácil (suponiendo que no hubiese ningún registro audiovisual del incidente) averiguar quiénes presenciaron los hechos y recabar todos sus testimonios. Igualmente, tampoco me contestaron nada respecto a la solicitud, reiterada en varios de mis escritos, del informe médico que le pedí al psiquiatra; informe cuya obtención constituye, junto a un trato digno, otro derecho de los pacientes.
Ahora bien: entretanto permitían, con su inacción, que el tiempo fuese borrando las huellas y el recuerdo de lo ocurrido, ha recaído sentencia en el juicio habido a partir de la mencionada denuncia penal; denuncia digna de tan poco crédito que el juez ha resuelto mi total absolución, pase a no poder contar con ningún testigo a mi favor mientras que mi denunciante acudió a la vista oral con una paciente suya para testificar en mi contra. Y juzgue usted, de paso, si la ética deontológica aprueba servirse de los pacientes propios para cuestiones personales, máxime tratándose de incriminar a otro por algo que no es verdad.
Por fortuna, sobre todo para futuros pacientes que pudieren verse igual o peor zaheridos que yo por el mismo facultativo, su maniobra defensiva puede resultar, después de todo, providencial: y es que en la sentencia, además de mi absolución, se establece como acreditado que existió “una falta de respeto recíproca entre ambas partes […] a todas luces reprochable moral y socialmente, a la par que inaceptable“, viniendo así a confirmar, en buena medida, la existencia del indigno trato que yo originalmente denuncié. Hecho éste de la mayor trascendencia, por cuanto ya no se trata de la mera palabra de un paciente contra un miembro de la corporación médica, sino de un pronunciamiento judicial del que fácilmente se deriva que la conducta de su colega, si moral y socialmente fue reprochable e inaceptable, con más razón debió serlo ética y profesionalmente. Y si bien es cierto que el juez (careciendo, recuérdese, de testimonios a mi favor) ha afirmado sobre mí otro tanto (la conducta, dice, fue recíproca), ello no justifica ni excusa el inaceptable proceder del facultativo, pues en este caso no existe una simetría en los roles: el día de autos, él y yo éramos no dos ciudadanos cualesquiera enzarzados en una disputa, sino psiquiatra y paciente; y estando yo bajo sus cuidados médicos, le incumbía la obligación laboral y profesional, no condicionada a reciprocidad, de procurar mi bienestar y tratarme con respeto y calidad humana, como dispone su código deontológico.
De manera que, tras de esta sentencia (que pongo a su disposición), parecería aún menos justificable desentenderse de la insoslayable realidad que acredita: uno de los médicos a su cargo mostró, hacia su propio paciente, una “reprochable e inaceptable falta de respeto” incompatible con su deber; y persistir en no castigarla equivaldría a respaldarla, con el riesgo de que se repita en el futuro con otros enfermos; riesgo tanto más grave cuanto mayor es la vulnerabilidad mental de los pacientes de psiquiatría. De darse el caso, dicha inacción los haría a ustedes corresponsables de las posibles consecuencias. Así, y aunque sólo sea en prevención de ese peligro, deberían ya, sin más dilación, instruir el oportuno expediente sancionador e incluso interesar la separación de su colega de la carrera médica, pues un especialista que así se conduce no está en condiciones de atender como es debido a paciente psiquiátrico alguno.
Atentamente,
Pablo A. Calviño