Resulta increíble que la tarjeta sanitaria de un ciudadano español no surta plenos efectos más que en su comunidad autónoma de residencia, y que no podamos disfrutar de asistencia médica en el resto del territorio nacional sin formalizar antes un absurdo papeleo: el volante de desplazamiento, cuya función real no es otra que levantar fronteras internas y obstaculizar el constitucional derecho al libre movimiento dentro del país.

Mejor dicho: resultaría increíble, en condicional. Lo resultaría si no fuera porque hasta el peor descarrío es posible en esta España desmembrada y apóstata de sí misma, en este engendro de artificiosos regionalismos que hemos creado y, peor aún, que nos hemos creído. Pero como aquí todo vale, así están las cosas. Tanto los reyezuelos de las taifas autonómicas como el gobierno central, en el summum de su inepcia política y ceguera autonomista, son totalmente incapaces de acordar una asistencia sanitaria coordinada y ágil. Por un lado, porque esos reyezuelos se apresuran a colgarle a cualquier medida unificadora el anatema de recentralización, en virtud de una evidente confusión semática, fruto de la ignorancia o la demagogia, entre “centralizar” y “unificar”. Curiosamente –dicho sea de paso– no les importa ceder los datos más personales a Facebook para que Mark Zuckerberg los centralice en sus servidores, pero sí les molesta que las distintas autonomías coordinen y unifiquen sus ficheros y servicios para eliminar trabas al ciudadano. Y por otro lado, porque los sucesivos inquilinos de La Moncloa tienen miedo a que los llamen franquistas centralizadores y, como les importamos un bledo los ciudadanos, se ponen de perfil para no enfrentarse a las taifas.

Pero el colmo del despropósito es Continue »

Hace apenas unos meses, con ocasión de las manifestaciones populares contra el independentismo catalán, la opinión pública en general estuvo de acuerdo en alabar a Yusap Burrai (que es como quienes se las dan de guays pronuncian el nombre de Josep Borrell) por el reproche que le hizo a su auditorio cuando éste pedía, al grito de “Puigdemont a prisión”, que se enviase a la cárcel al acusado de golpismo. En aquella ocasión el orador calló a los manifestantes, arengándoles: “¡No!, no gritéis como las turbas en el circo romano. Sólo los jueces pueden decidir quién va a prisión y quién no”. Muy bien, muy bien –elogiaba el personal los días siguientes–, ¡qué mesurado y sensato, este Borrell!

Desde luego, estoy muy de acuerdo con él en que supondría –y de hecho supone– un serio deterioro para el Estado de Derecho, por no decir una inquietante amenaza, esa transferencia de la justicia, de facto, desde los tribunales al populacho; es decir: la jauría humana; el patíbulo callejero. Pocas cosas ofenden más al espíritu justo que el ver cómo en España se pretende linchar –y cada vez más a menudo se lincha– a los justiciables desde la calle, las redes sociales o los medios de comunicación. Ejemplos hay a docenas. Bien conocido de todos, ahora de nuevo en primera página, es el archi-famoso caso de La Manada: por lo que sabemos, la supuesta violación de una mujer, en un portal, a manos de un grupo de hombres durante unas fiestas locales; un caso del cual, empero su popularidad, ni a los medios ni al resto de la población nos consta apenas nada de lo crucial, excepto que hubo sexo, y esto porque así lo admiten las partes; pero de lo que en realidad ocurrió aquel día no sólo estamos ignorantes, sino que es del todo imposible saberlo con certeza: sólo denunciante y denunciados lo saben, pero sus declaraciones son, naturalmente, contrapuestas.

Existe, al parecer, quizá como único indicio objetivo para el esclarecimiento del asunto, un breve vídeo que, durante aquel episodio, los participantes grabaron en un teléfono móvil; pero ninguno de los que tan ligeramente opinamos sobre el caso conocemos tampoco las escenas que contiene, ya que nadie las ha visto salvo quienes estuvieron presentes en el juicio, que se celebró a puerta cerrada. Lo que sí puede razonablemente colegirse –o, al menos, eso me parece a mí– sobre dicho vídeo es Continue »

Si hay algo por lo que se caracteriza el discurso social contemporáneo –liderado por periodistas y políticos de todo pelaje, impregnados a su vez del pensamiento único global– es, más que por su falta de carácter o su populismo, por el edulcorado lenguaje en que nos envuelven las ideas: se trata de ese lenificado vocabulario de eufemismos y disimulos que rehuye a toda costa el llamar a las cosas por su nombre, no vaya a ser que la realidad irrite la fina piel de nuestra mojigatería.

Entre los incontables, casi infinitos ejemplos, destaca estos días por su fulminante propagación la palabra migrantes, con la que, desde los talleres donde se gesta la ingeniería de la comunicación, han decidido que debemos ahora llamar a los inmigrantes. Migrantes, ¡qué inofensivo suena! El término parece lavarlos, como agua bautismal, de su condición de ilegales, avalar su candor, desmentir su intención de radicarse en Europa y, en fin, desproveer al fenómeno de todo aspecto lesivo u oneroso para nuestro propio bienestar. Y, claro está, nuestra exquisita sensibilidad –en el fondo, un complejo de culpa del que no sabemos curarnos, y quizá ni siquiea queremos– se ha tragado el cambiazo de un bocado, sin pestañear; y en el tiempo record de un día –¡nada más que en un día, lector!– la palabra inmigrante ya ha quedado erradicada de nuestro vocabulario, si no censurada.

Como siempre, la magia semántica ha funcionado; y es que en esta domesticada Europa, donde el verdadero espíritu crítico está en coma terminal, no somos capaces de advertir cómo nos cuelan los goles ni cómo, con cada uno de ellos, modelan -por no decir manipulan- un poco más nuestra opinión, alejándonos cada vez más del pensamiento libre.