Freelander

Publicado en Estrella Digital

Sería lástima que uno de los datos más reveladores y significativos publicados en estos últimos días pasara desapercibido entre el ruido de otras noticias que, ciertamente más morbosas, son menos importantes desde el punto de vista de la civilización. Me refiero al incremento que ha habido en el número de millonarios (gente con patrimonio superior a 750.000 €) en España durante el último año: a mediados de 2013 teníamos 47000 millonarios más que a mediados de 2012, o sea un 13’2%. La explicación inmediata que dan los economistas, a vista de ratón, es que los mercados financieros llevan un tiempo evolucionando bastante bien, y es en dichos mercados donde invierte la gente con dinero. Pero resulta que en 2012, sin esa buena evolución de los mercados financieros, también aumentó el número de millonarios, aunque “sólo” en un 5’4%. Más aún: el año anterior, en lo peor de la recesión económica, la cantidad de millonarios en España apenas descendió un 2%. Entonces, si observamos y consideramos estos datos a vista de águila, sin dejarnos distraer por causas inmediatas, tenemos que, incluso en plena crisis, la riqueza total no parece haberse destruido ni haberse quedado estancada, sino que más bien parece haber cambiado de manos: desde las clases medias o menos favorecidas, hacia las que lo están más. En otras palabras. que las desigualdades económicas han aumentado tanto en número como en distancia; lo cual pone de manifiesto que nuestro sistema político y económico, nuestra gallarda democracia con todo su ornamento de grandilocuentes valores: libertad, democracia, igualdad, progreso, etc, no es más que una gran mentira social; y nuestro churrigueresco ordenamiento jurídico es sólo papel mojado. De modo que, frente a estas conclusiones, tan dramáticas como insoslayables, me parece nimio andar preocupándonos por unas feministas de más o unos fraudes sindicales de menos.

Creo que la tibieza es uno de los mayores problemas de la derecha española, y que nuestras diversas fuerzas políticas estarían más equilibradas, y se enfrentarían en mejor igualdad de condiciones, si el españolismo y la derecha tomaran nota de algunas virtudes importantes que ahora son monopolio de la izquierda y del separatismo, como el sentido de legitimidad moral e histórica y la falta de conformismo.
Tengo la impresión de que la derecha está demasiado aburguesada, de que es demasiado acomodaticia, y además siente aversión por la calle, no sé si porque sienten que la protesta callejera es poco digna, o -y esto sería peor aún- porque, en el fondo, se avergüenzan de su propia ideología. Comoquiera que sea, me parece que las derechas en España adolecen de cierta debilidad de carácter y fragilidad ideológica que les hace claudicar con excesiva facilidad ante las astutas consignas del victimismo izquierdoso e independentista. Esos defectos, junto al miedo -al parecer insuperable- a ser tachados de intolerantes, me sugieren un preocupante complejo autoritario; pero en ese caso no deberían extrañarse ni dolerse cuando los llaman nazis o fachas, pues a lo mejor ellos mismos se sienten desligitimados en su posicionamiento político. Serio problema, sobre todo teniendo en cuenta que, en España, si no te llaman facha o intolerante una vez por semana, algo estás haciendo mal.

Bandera antinómica

Pero si no es un complejo, no me explico que la derecha haya renunciado con tanta presteza a la palabra España y sus derivados. Cuando nuestra democracia aún era muy joven, ya las derechas negaron -como Pedro negó a Jesús- eso de España para abrazar y consagrar lo de “este país”; y no mucho después, al impulso de las fuerzas antiespañolistas nacido del rencor y amparado en la nefasta redacción del art. 3 de nuestra Constitución, a su vez respaldado por una politizada y patética Real Academia de la Lengua, la derecha traicionó al idioma español para entronizar a la lengua castellana, esa anacrónica imprecisión semántica cuya única razón de seguir existiendo es que satisface el revanchismo de la media España descendiente de quienes fueron derrotados en la guerra civil.
Y es así como, bajo la mayoría absoluta del PP, resulta que la propia “Ley Wert” -supuesta reconquista de lo ibérico- en lugar de recuperar la lengua española de toda la vida, confirma la inocua lengua castellana, negadora de todo concepto de patria. Penosos complejos de la derecha. Porque de nuestras izquierdas, sucesoras de los republicanos, es comprensible que, con sus imbatibles tácticas propagandísticas y su virtuoso dominio de la manipulación, se alineen del lado de los independentismos y abominen de términos que, convenientemente sesgados, sean susceptibles de identificarse con el franquismo, como España o lengua española. Pero si nuestras derechas claudican ante esas maniobras, ¿qué fuerza tienen luego para querer hacer patria y defender la unidad de una España cuyo nombre llevan cuarenta años sin atreverse a pronunciar?

NOTA SEMÁNTICA: El gallego, aunque fuese una lengua española (que no lo es, pues también se habla en zonas de Portugal), no es la lengua española. Lo mismo puede decirse del vascuence y el catalán, e incluso del castellano (suponiendo que alguien sepa exactamente lo que el castellano sea, dónde empieza y dónde acaba). De manera que sólo el español es la lengua española por antonomasia. Este debate, tan trillado, se reduce en el fondo a una simple cuestión de distinguir entre adjetivos y sustantivos, artículos determinados e indeterminados, y a la teoría algebraica de conjuntos. Todo lo demás es querer marear la perdiz, palabrería e instrumental político.

Publicado en Diario YA

El fraude llevado a cabo con los cursos formativos organizados por los sindicatos ha sido una práctica duradera e innegable; una de esas realidades vox populi que, a fuerza de impunidad, llegan a considerarse normales; “así es como funciona”, acaba pensando la gente.
Desde luego, no cabe la menor duda del protagonismo y la culpabilidad de los sindicatos, pese a que sus líderes, lógicamente, niegan la mayor… y están en su derecho, como en su derecho a mentir está todo imputado en un delito.
Sin embargo, para hacer honor a la justicia, hay que acusar también a otros no menos responsables que se han beneficiado de la corruptela. Pero, antes, voy a explicar brevemente, para quien lo desconozca, cómo funcionan estos fraudes.
Existen unos fondos públicos para la formación de desempleados, y parte de estos fondos se entregan a los sindicatos para que sean éstos quienes se encarguen de organizar y convocar los cursos. Como es natural, tienen que justificar ante las administraciones donantes el uso que le han dado a ese dinero. Pero ellos no imparten los cursos, sino que, a su vez, subcontratan a academias o profesores autónomos para ese fin. Hasta aquí, todo es razonable. Pero ¿qué sucede en realidad? Pues que, para que una academia o autónomo pueda aspirar a que le adjudiquen el contrato de un curso formativo, los sindicatos le ponen una condición inexcusable: en la factura que la academia expida por sus servicios ha de consignar una cantidad varias veces superior al precio que va a cobrar: el doble, el triple o el quíntuple, según; y este exceso sobre el precio se lo queda el sindicato, que de este modo justifica pagos muchísimo mayores de los que en realidad efectúa. Ahora bien, para cuadrar las cuentas, es necesario que la academia o autónomo pueda a su vez justificar gastos por el importe que los sindicatos se han embolsado, ya que de otro modo sus impuestos se dispararían y no le quedaría ganancia alguna. Pues bien: eso ya está todo pensado y el propio sindicato se encarga de proporcionarles lo que, en el argot, se denomina la contrafactura; o sea, una factura falsa por unos gastos ficticios en los que se supone que la academia o autónomo han incurrido al impartir el curso, gastos imaginarios que minoran los ingresos imaginarios, para que todo cuadre.
Desde luego, el gran beneficiado aquí es el sindicato, que se embolsa cantidades astronómicas de dinero público. Pero también se aprovecha la empresa que realiza el curso, pues su aquiescencia con el fraude le permite acceder a un contrato del que una actitud honrada le privaría. De modo que, como vemos, para que la estafa funcione, hay que contar con la necesaria cooperación de las academias o autónomos; sin esta cooperación, el engaño no sería viable. Y cualquier estudiante de derecho sabe que tan culpable de un delito son sus autores directos como los cooperadores necesarios. Y no olvidemos que un negocio sólo puede ser tan limpio como el menos sucio de sus partícipes.
Aún hay más: si depuramos responsabilidades cívicas, también resultamos en cierto modo culpables todos los que, sabiéndolo, no lo hemos denunciado, como habría sido nuestra obligación ciudadana frente a los delitos de que tenemos noticia. Lamentablemente, uno de los peores problemas de nuestra idiosincrasia es que no somos capaces de asumir nuestra parte de responsabilidad.

¡Necesito un país nuevo!

Publicado en Estrella Digital

El gobierno de España modificará la ley que regula la prohibición de fumar en lugares públicos donde esto pueda afectar la salud de terceras personas, con objeto de satisfacer la condición que Sheldon Adelson, el magnate norteamericano del juego, impone a la Comunidad de Madrid como requisito indispensable para crear el complejo lúdico conocido como Eurovegas.
Pero cambiar la ley antitabaco única y exclusivamente para que pueda fumarse en Eurovegas supone un deplorable retroceso en la defensa de los derechos y libertades de la ciudadanía, que tanto trabajo costó conseguir, con objeto de que se antepusiera siempre el derecho de los no fumadores a respirar aire sin humo al de los fumadores a consumir labores del tabaco; y también una clara violación del principio de igualdad, ya que discrimina al resto de establecimientos públicos cuyos dueños también querrían que se permitiera fumar en ellos. Y, lo que es peor: al cambiar la ley para asegurar los máximos beneficios de un magnate, España se prostituye con un descaro y en grado sin precedentes.
Los argumentos que tanto los políticos de la Comunidad de Madrid como –muy especialmente– David Pérez, el alcalde de Alcorcón, esgrimen para adoptar y apoyar esta medida son débiles, cuando no simplemente ridículos. Por un lado, aseguran que se generará mucho empleo; y así será, con toda probabilidad; pero, como siempre, los políticos sólo miran el corto plazo, puesto que, entre otras cosas, dicha afirmación ignora deliberadamente el impacto social y medioambiental que tanto a corto como a largo plazo puede tener la creación de semejante centro del consumo, y los costes indirectos (casi imposibles de calcular) que conllevará. Por otro lado, argumentan que no tiene por qué haber riesgo para la salud de los no fumadores porque, al fin y al cabo, entrar a un casino es algo voluntario. Esto sí que no se tiene en pie. ¿Acaso no es también voluntario entrar en un bar cualquiera? Y, sin embargo, para eso se aprobó la ley antitabaco: para que quien voluntariamente quiera ejercer ese derecho pueda hacerlo sin tener que convertirse en fumador pasivo. O se autoriza el tabaco en todas partes, o no se autoriza en ninguna.
Entonces, ¿qué es lo que subyace tras esta aberrante modificación de la ley? Está claro: por un lado, el gol político y espaldarazo electoral que se apuntarán quienes estén en las esferas concéntricas alrededor de Eurovegas, gracias al inminente y significativo aumento del empleo y de la actividad económica que se producirán durante la construcción del complejo, parte de los cuales permanecerán después, al menos durante unos años. Es decir, que una vez más se anteponen los intereses de los políticos y sus partidos sobre los de la sociedad en su conjunto, para la que una modificación como esta puede debilitar la ley antitabaco hasta tal punto que la haga tambalear. Por otro lado, las más que presumibles comisiones, regalos o prebendas que muchos de los implicados en la decisión reciban como contrapartida, posibilidad que le está vedada al pequeño empresario, que no tiene dinero para convencer a los políticos. Si España fuera un estado de derecho serio y no una república bananera, no cedería a esa presión del capital estableciendo tan lacerante excepción. Y, desde luego, una cosa es cierta: Mr. Marshall no ha elegido a España para su Eurovegas por lo mucho que nos quiere o la predilección que sienta por nuestro país, sino porque sabe que aquí la ley se puede comprar.