Así, armado con esta confirmación judicial del maltrato recibido, el paciente hizo un nuevo intento para que dicha conducta fuese sancionada, dirigiéndose al efecto una vez más, mediante sendas cartas, a quienes tan poco crédito le habían otorgado hasta el momento: Antonio Sanz Marca, director del hospital Parque Vía de la Plata, y Pedro Hidalgo Fernández, presidente del Colegio de Médicos de Badajoz. En ellas, solicitaba la reapertura del expediente disciplinario contra el siquiatra. Pero ambos destinatarios, desentendiéndose de la insoslayable realidad que los hechos acreditados ponían de manifiesto, no se dignaron siquiera acusar recibo de esta nueva solicitud, pese a la responsabilidad que podría caberles si, dejando impune la conducta descrita en la sentencia, su autor la repitiese de modo semejante -o peor- con otros enfermos.
En vista de este silencio, el paciente acudió por último, en busca de amparo, a quienes estaban en condiciones de ofrecerle alguno, y presentó dos nuevas reclamaciones: una ante la compañía Segurcaixa Adeslas (como asegurado de la cual había acudido a tan malhadada consulta), responsable última de la calidad del servicio médico prestado a sus clientes, y otra ante la Consejería de sanidad y servicios sociales de la Junta de Extremadura, garante de los servicios sanitarios y derechos del paciente en dicha comunidad; pero nuevamente sus denuncias fueron desoídas, pues ambas instancias “echaron balones fuera” y se desentendieron del caso. Adeslas respondió con un incoherente escrito, firmado por Juan Romero Cadaval (jefe del Servicio de atención al cliente en Badajoz), en que venía a aducir que los centros y profesionales concertados trabajaban bajo su propia responsabilidad -lo cual es cierto-, sin someterse al control y los criterios de la aseguradora, lo cual es perfectamente absurdo, ya que Adeslas siempre puede eliminar de su cuadro a un médico del que tenga acreditada queja, y por tanto los profesionales concertados sí tienen que someterse, directa o indirectamente, a los criterios de la aseguradora; así que sostener lo contrario tiene poco sentido. Por su parte, Laureano Marín Lencero, médico jefe del Servicio de inspección sanitaria de la Junta de Extremadura, se lavó las manos mediante un argumento de escaso o nulo rigor jurídico, aduciendo que no procedía resolver ninguna actuación investigadora al respecto porque “la discrepancia” (sic) en la atención sanitaria dispensada por el siquiatra había sido “dilucidada a nivel judicial”, lo cual resulta falaz, toda vez que lo así “dilucidado” no fue discrepencia alguna, sino la posible comisión de un delito de coacciones contra el facultativo; asunto éste muy distinto -por mucho que hubiese una conexión- del elevado por el paciente al Servicio de inspección sanitaria: 
a saber, la acreditada falta de respeto del siquiatra para con él. Así que, mediante esa evasiva respuesta, el Sr. Martín Lencero dejaba de manifiesto su escasa voluntad de ocuparse de tan intolerable conducta médica, pese a que dentro de las competencias de su Consejería entra la supervisión de la calidad de los servicios médicos en los centros públicos y concertados.
Conclusión:
La indefensión en que se hallan los usuarios de los servicios médicos en España es total. Como se ve en el caso aquí relatado, ni el colegio profesional, ni la dirección del hospital, ni la compañía aseguradora, ni el gobierno autonómico tuvieron interés en corregir, o al menos tomar en consideración, el inaceptable trato deparado a un enfermo por parte de su propio siquiatra, aun tras haber quedado acreditado tal dato según descripción judicial. Pero la indefensión no quedó ahí, porque lo cierto es que, pese a ser la salud asunto tan absolultamente prioritario en la percepción popular y no cesar de confirmar su importancia todos nuestros políticos, ora para inflar o adornar sus discursos, ora para elogiar hasta el rubor las excelencias de un sistema sanitario cada vez más en entredicho, no hay en nuestras administraciones públicas un solo organismo, negociado, observatorio u oficina que tenga como misión específica la defensa del paciente.
Ahora, eso sí: desde los medios de comunicación no cesan de influir para que nos alineemos con la omnipotente corporación médica y sus plañidos por las agresiones que ellos sufren a manos de sus pacientes, mientras los poderes públicos no escatiman ninguna medida para “proteger” a los médicos de quienes, en realidad, se encuentran a merced de éstos, e infinitamente más indefensos. Y si ya es bastante deplorable -aunque en cierto modo coherente- que esto suceda con gobiernos de corte liberal, supuestamente más proclives a favorecer los intereses de castas privilegiadas aun en perjuicio del ciudadano de a pie, que suceda lo mismo con gobiernos de pretendido énfasis social que dicen defender a ultranza los intereses de “la gente” supone, además, una grosera burla.
