El maltratado enfermo, con el fin de obtener una reparación personal e intentar evitar que la inaceptable conducta del siquiatra quedara del todo impune, y que éste pudiera cobrarse nuevas víctimas en futuros pacientes, presentó sendas quejas ante quienes pensó que tenían el cometido de defenderlo y velar por el correcto ejercicio de la profesión médica: el servicio de Atención al Paciente de Hospitales Parque -por un lado- y el Colegio Oficial de Médicos de Badajoz -por otro-. En ambas reclamaciones, tras narrar con todo detalle el traumático episodio, y dada la gravedad de éste, solicitaba que se llevase a cabo una investigación a fondo, recabando tantos testimonios como fuera posible y comprobando las grabaciones -si existían- de eventuales cámaras de seguridad que pudiesen haberlo registrado; y que, en base a lo averiguado, el colegiado fuera sometido al pertinente tribunal deontológico y expediente disciplinario a fin de ser sancionado por su proceder, e incluso separado de la carrera médica o, al menos, de la especialidad de siquiatría, pues parecía evidente que tan desabrido e iracundo temperamento era incompatible con una atención sanitaria de calidad a pacientes con trastornos mentales; más bien al contrario: el propio facultativo parecía estar precisado de algún tipo de terapia. Por último, solicitaba le fuese facilitado el informe médico que había pedido durante la referida consulta, por creer tener derecho a él.
Desde Atención al Paciente de Hospitales Parque (única e ineficaz herramienta que esa opaca cadena hospitalaria pone a disposición de sus usuarios) recibió, a vuelta de correo, un mensaje firmado por Jesús Ramírez Bayona agradeciéndole la carta e informándolo de que “procedemos a trasladar el incidente a nuestros compañeros de Zafra para estudiar y valorar el caso” (se entiende que “nuestros compañeros de Zafra” es la dirección del hospital Vía de la Plata, a cargo de Antonio Sanz Marca). Una semana más tarde, ante la ausencia de noticias, volvió a escribir a dicho servicio, desde donde Jesús Ramírez le contestaba que seguían “trabajando en el caso que plantea, hemos abierto una investigación interna de su caso para recabar toda la información. Esperamos poder contestarle a la mayor brevedad”. No obstante, desde Hospitales Parque incumplieron esta promesa, pues el paciente no volvió a recibir comunicación o noticia alguna ni de Atención al Paciente ni del director del Vía de la Plata. De hecho, parece claro que ni siquiera realizaron la mencionada investigación interna, pues a un tercer mensaje que, interesándose por ella, les envió varias semanas meses después del anterior, ya no obtuvo contestación. Tampoco recibió nunca el informe médico solicitado.
Por su parte, desde el Colegio Oficial de Médicos de Badajoz, presidido por Pedro Hidalgo Fernández, le prestaron -sólo en apariencia- mayor interés: el secretario de dicho órgano, Mariano Casado Blanco, lo instó a que se pusiera en contacto telefónico con él, y en la conversación que tuvieron después lo informó del procedimiento a seguir por el Colegio (elevar su reclamación a la Junta Directiva para ser debatida en el Pleno del mes siguiente). A su debido tiempo, en efecto, dicha Junta acordó trasladar la queja al reclamado a fin de que éste diese respuesta a la misma, y unos días más tarde el reclamante recibía copia de la resolución definitiva, según la cual, vistas las alegaciones efectuadas por el facultativo, el Pleno de Junta Directiva entendió “que no hay motivos para la apertura de expediente disciplinario y por ello acuerda proceder al ARCHIVO de la referida cuestión planteada. Vº Bº Pedro Hidalgo Fernández, presidente”. Es decir que, por todo trámite, el Colegio de Médicos de Badajoz se había limitado a preguntar al siquiatra sobre lo ocurrido, y éste -evidentemente- no admitió haber maltratado y amenazado a nadie.
Es decir: un fiasco en toda regla. Después de todo, y pese al interés formalmente expresado al denunciante, los directivos de ambas instancias (médicos a su vez) no realizaron averiguación a fondo alguna, aunque de haberla llevado a cabo es posible que alguna de las ocho o diez personas que presenciaron el incidente hubiese confirmado, siquiera parcialmente, el maltrato y las amenazas denunciadas. Cierto es que todos los testigos eran o bien pacientes del propio squiatra -no había otras consultas en ese ala del hospital aquella tarde- o bien colegas o compañeros laborales suyos, y es presumible que no se sintieran muy inclinados a declarar algo que pudiera perjdicarlo; pero aun así, cabía dentro de lo posible que, entre aquellas personas, hubiese un ciudadano honesto capaz de corroborar lo relatado por el paciente. Quizá precisamente por esto nadie quiso investigar: para el colectivo médico, de bien conocido corporativismo monolítico, sería menos arriesgado no preguntar, no fuese que saliera a relucir la verdad y hubiese que expedientar a un colega.
