En octubre del 2018, a unos cien mil españoles se les otorgó un privilegio hasta ahora insólito: el derecho al doble voto en comicios y referendos; prerrogativa exclusiva para aquellos ciudadanos que tengan un discapacitado intelectual a su cargo.
¿Cómo así? Por supuesto, tal iniciativa no se plasmó legalmente como acabo de expresarla, sino que se nos vendió como un logro social: la concesión a esos discapacitados del derecho de sufragio, que hasta entonces no tenían; pero obviamente el único resultado, a la hora de la verdad, es el haber habilitado a sus tutores para que voten dos veces, pues serán éstos quienes decidan, en la inmensa mayoría de los casos, qué papeleta introducen aquéllos en la urna; así que, a efectos prácticos, es como autorizar a cien mil personas a que voten dos veces.
Aunque en su día se debatió este tema, hay tres aspectos en los que -creo- se incidió poco pese a su decisiva influencia en la decisión política finalmente adoptada.
Por una parte está el agravio comparativo: si se permite votar a los deficientes mentales, se está discriminando a todos los millones de adolescentes que tienen igual o mayor uso de razón que aquéllos y a quienes, en cambio, se les escamotea tal derecho. No olvidemos que esos deficientes padecen, en su mayoría, un significativo retraso mental que limita su capacidad cognitiva, en el mejor caso, a la de un preadolescente; o sea, que cualquier chaval de doce años los supera en edad mental y en aptitud para votar, sea ésta cualquiera que decidamos. Es rigurosamente lógico -e impecablemente justo- que si a un colectivo de personas con aptitudes psíquicas significativamente por debajo del umbral mínimo se les permite votar, debería entonces permitírsele también a cualquiera que iguale o supere dichas aptitudes, ya que las mismas razones que avalan un supuesto sirven para avalar el otro. De modo que, por pura coherencia e igualdad, habría que reconocer el derecho al sufragio, como mínimo, a los mayores de doce años; y no hacerlo así constituye, como digo, una injusticia y una insostenible contradicción.
Pero quizá más llamativo aún es el hecho de que los defensores de este voto doble hayan opuesto, frente al poderoso razonamiento contrario (según el cual los discapacitados intelectuales tienen escaso o nulo criterio político y son excesivamente influenciables y manipulables por sus tutores), el débil argumento de que “cualquiera de nosotros está sujeto a manipulación”. ¡Hombre! También cualquiera de nosotros puede tener un accidente al volante y no por eso se expide el carné a quien no supere el examen médico. Cierto es que muchísimas personas en plenas facultades son, también, fácilmente influenciables, pero este argumento de la “manipulación universal” encierra una falacia evidente: mientras que unos, aun siendo influenciables, poseemos las armas cognitivas necesarias para defendernos de la manipulación si así lo queremos, los retrasados, en cambio, no. Piense el lector en un deficiente mental y respóndase si cree que podría rechazar por sí mismo frente la inevitable -y necesariamente poderosa- influencia de sus tutores o educadores a la hora de votar. Evidentemente no. Y otorgarles el derecho al sufragio activo ni palía su indefensión ni mejora en modo alguno la calidad de una democracia. Sólo -repito- proporciona al tutor la posibilidad de votar dos veces.
También se adujo en favor del privilegio al doble voto que muchas personas mayores -principalmente ancianos- han perdido ya su discernimiento y, no obstante, conservan el derecho al voto (si no los han incapacitado judicialmente). Cierto. Pero este argumento, tan falaz como el anterior, se desenmascara de igual modo con un ejemplo similar: si una persona mayor ha perdido las aptitudes psicofísicas para conducir, lo ortodoxo sería retirarle el carné; no igualar por lo absurdo permitiendo que se le expida a cualquier otro que tampoco sea apto. El hecho de que muchas abuelitas seniles conserven y ejerzan (probablemente bajo influencia o manipulación de familiares) su derecho a votar es una anomalía democrática que se debería corregir incapacitándolas para ello, y no hacerla extensiva a todo el que carezca, igualmente, de la necesaria capacidad mental.
Es comprensible y laudable, por supuesto, el esfuerzo de los poderes públicos en procurar que los subnormales tengan la mejor calidad de vida y participen al máximo en actividades sociales, pero a ese efecto existen muchas otras herramientas, instituciones y medidas específicas. Los comicios no son, no deberían ser un juguete para poder mostrar en la tele la conmovedora sonrisa de un deficiente mental votando, ni muchísimo menos como forma de compensar (o, digamos, de indemnizar) electoralmente a sus tutores. Al contrario: se trata de que quienes sí están capacitados decidan con la mayor responsabilidad posible, y sin que nadie vote dos veces, qué rumbo ha de tomar nuestra sociedad para, entre otras cosas, proteger como mejor podamos precisamente a ésos que no pueden decidir ni defenderse por sí mismos, sean niños, discapacitados o abueletes seniles.
