Los renglones torcidos del juez Marchena

Desde el comienzo mismo de la vista oral por el “procés”, la actuación del presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha dejado, a mi entender, bastante que desear.

Para empezar, por permitir -contradiciéndose a sí mismo- que se luzcan lazos amarillos, esos mensajes inequívocamente políticos que desafían su manifestación -en clara pero innecesaria prevención hacia los letrados de Vox- de no consentir que los interrogatorios se conviertan en debates ideológicos; lazos que simbolizan, además, la no autoridad de una Justicia que él mismo representa. Y para tal permiso ha tirado de una jurisprudencia europea de dudosa aplicación en este caso, más por denegar -tengo para mí- la petición del letrado Javier Ortega Smith que por garantizar un cuestionable derecho de los imputados.

Igualmente, un día después se opuso a la pretensión del mismo letrado de formular preguntas a Junqueras, impidiendo así toda oportunidad de valorar los concretos silencios de éste y, por tanto, en posible menoscabo del esclarecimiento de los hechos. Adujo Marchena que el silencio no tiene ningún valor probatorio, pero eso no es rigurosamente cierto y contradice, de hecho, la propia doctrina y jurisprudencia del TS. Pero quizá la derivada más perniciosa de dicha oposición sea que, no habiendo rehusado los “golpistas” contestar a otros letrados sino sólo a los de Vox, y esto con el peregrino argumento de que es un partido político racista, franquista o fascista, al desautorizar acto seguido el interrogatorio, implícitamente el juez da carta de naturaleza a tales infundios y respalda el consiguiente descrédito y ninguneo de la acusación particular; grave error, desafuero donde los haya.

Aparte, y pese a sus advertencias en contrario, ha consentido no sólo a los acusados despacharse a gusto con discursos ideológicos y usar el Supremo como púlpito para difundir al mundo entero la letanía victimista y falaz del separatismo catalán, sino además a algunos testigos largar soflamas y consignas políticas, creciéndose éstos hasta el desacato y negándose uno a su obligación de contestar también las preguntas del señor Ortega. Y si patético fue prestarse a hacer de intérprete para que los testigos no se contaminen al contacto verbal con el letrado de Vox, permitir que, encima, lo difamen y descalifiquen me parece ya una innegable dejación de funciones.

Así, pues, esta desusada laxitud hacia unos, en franco contraste con la firmeza hacia otros -al menos la acusación particular-, me hace dudar de la idoneidad de Marchena para la responsabilidad que tiene encomendada. Admito lo difícil de llevar a cabo ejemplarmente su cometido en este proceso, pero no se llega al puesto que él ocupa siendo un incompetente, y no es verosímil que carezca de la experiencia y el temple suficientes para cumplir su papel con eficacia, respetando todas las garantías sin restringir la acción de los acusadores, y haciéndose respetar por todos sin caer en la parcialidad o el prejuicio. Por eso sospecho que la causa de sus errores reside en que sus preocupaciones sean acaso otras: por un lado, el firme propósito -a mi parecer infundado- de evitar el más mínimo desliz de corte ideológico por parte de la acusación particular o incluso de impedir que Vox saque rédito político alguno del juicio, aunque sea fuera de Sala; por otro, la egoísta aspiración de salvaguardar a ultranza su honrilla profesional cuando el caso llegue a Estrasburgo.

Es, en efecto, vox populi -valga el albur- que Marchena, con los ojos puestos en la apelación a ese Tribunal, se emplea a fondo para no dejar resquicio por donde los jueces europeos, esa raza superior, puedan enmendarle la plana. Pero esto no justifica ni el desautorizar a los letrados de Vox ni, mucho menos, el consentir que los descalifiquen en la Sala. Conviene recordar que, de no ser por ellos, hoy no se estaría celebrando este juicio. Ignoro, por supuesto, si en su fuero interno siente el magistrado antipatía por ese partido político o si, por el contrario, le muestra mano firme para evitar que puedan acusarlo por un crimen de lesa simpatía hacia la “extrema extrema derecha”, pero para el caso es igual, porque la credibilidad de la acusación particular queda mermada y se debilita su posición, en detrimento de la justicia y del amparo a la sociedad española frente al ilícito penal cometido.

Por último, interesa apuntar que con sus heterodoxas concesiones el señor Marchena deteriora aún más el ya maltrecho principio de igualdad universal ante la justicia, pues a cualquiera de nosotros que se presente en una Audiencia y le vacile a un juez como estos separatistas hacen, se entera bien enterado. ¿Qué privilegio tienen unos del que no gozamos los demás? ¿Por qué se les tolera lo que no se consiente a otros? Está claro: por la presencia de los medios y la presión de la opinión pública. Estamos en el siglo XXI y aún no hemos asumido la igualdad verdadera, empezando por Sus Señorías, tan arbitrarios, parciales y cobardicas como el que más.