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Hace un par de años denunciaba, en una carta que me publicó el Periódico de Extremadura (aunque actualmente la han quitado de la red), cierto atropello a la dignidad, del que me sentí víctima a manos de un grupo de Guardias Civiles durante uno de sus «controles rutinarios» de carretera. Y aun sabiendo que no los condenarían, pues era la palabra de dos viajeros (yo iba acompañado) contra la de cuatro guardias, los denuncié también en los Juzgados, guiado por cierto sentido de responsabilidad ciudadana: era mi granito de arena para tratar de inculcar las nociones de integridad y respeto a los caletres de la enquistada Benemérita.
Sin embargo, mi iniciativa sólo sirvió para ratificar la impunidad de los miembros de tan privilegiada institución: no volví a tener noticia alguna del proceso judicial hasta que, meses después, fui convocado al juicio que tendría lugar en Llerena; un juicio que -me temo- estaba resuelto antes de ser celebrado. Para empezar, durante la instrucción se había obviado por completo la existencia y mención de mi acompañante en la denuncia: bajo pretexto de que yo «no lo propuse como prueba», el Ministerio Fiscal, pasando por alto una de sus funciones, no le tomó declaración ni lo llamó a testificar; con lo cual el peso de mi denuncia quedaba ya, de entrada, reducido a la mitad. Pero es que, además, durante la vista oral, el fiscal no sólo comenzó pidiendo la total absolución de los guardias, sino que sus preguntas fueron mucho más encaminadas a menoscabar mi credibilidad que a esclarecer los hechos: allí no se presumía la inocencia de los encausados -pues se daba ya por supuesta-, sino más bien mi «culpabilidad». Me interrogaron como si hubiera sido yo el acusado.
La sentencia fue, por supuesto, absolutoria para los guardias, y aún me consideré afortunado de que no me condenaran a mí. De este modo, nuestro sistema judicial desperdició una vez más la oportunidad de acercarnos al ideal democrático de seguridad policial. Sin embargo, lo peor es que para ese viaje no hacían falta alforjas; es decir, que no hacía falta derrochar el dinero de nuestros impuestos con una innecesaria función teatral: si tan inverosímil consideraron nuestros Ilmos. magistrados mi denuncia, habría sido suficiente (y mucho más barato) con que no la aceptaran a trámite. Pero -¡claro!- mediaba ya una carta a los periódicos y había que dejar el nombre de la Guardia Civil tan inmaculado como fuera posible.
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