El impuestazo al gasóleo

So capa de una preocupación, a todas luces insincera, por las dizque nocivas emisiones de óxidos nítricos (NOx), se nos dice en España que la Unión Europea impulsa una lucha contra el gasóleo que nosotros vamos a secundar subiéndole los impuestos; lucha cuya principal beneficiaria, no obstante, no será la atmósfera ni la salud de la ciudadanía, sino la industria del automóvil y, claro está, la Hacienda pública. ¿Por qué?

Primero porque eso de que el gasóleo es más contaminante o nocivo que la gasolina está muy lejos de ser una cuestión zanjada, y menos aún definitiva: si bien la combustión del gasoil, por un lado, emite más NOx (potencialmente nocivos para la salud), por el otro produce menos COx (responsables del efecto invernadero); y, en cualquier caso, las emisiones de motores que cumplan la última normativa Euro 6 son muy similares para ambos tipos de combustible. Si la salud fuese el problema, las autoridades tomarían más bien medidas para jubilar los coches más antiguos, que contaminan hasta cinco veces más sean de un tipo u otro, y no subir el precio del gasoil, que impacta lo mismo a coches nuevos que a viejos. Segundo porque, al acribillar con impuestos y trabas a todos los diésel, entonces todos sus propietarios se verán más empujados a cambiarlos por versiones menos penalizadas, y estaríamos hablando de más de cien millones de turismos que los gobiernos europeos nos urgirán a sustituir. Una cifra espectacular, demasiado golosa como para dejar fuera de sospecha a los fabricantes.

Y lo curioso de este panorama es que sea precisamente Pedro Sánchez, un socialista, quien muestre tanta premura por establecer una subida impositiva que, miren ustedes por dónde, perjudicará más a las personas con menos recursos, que son quienes, por economía, se compraron un diésel (y ahí están las estadísticas para verificarlo). Los más pudientes suelen preferir el gasolina. Todo lo cual sugiere poderosamente que, como se afirma, la medida se adopta no por nuestra salud, sino para recaudar impuestos y favorecer al sector.

Sin embargo, nada de esto se nos dice, claro, y el gobierno insiste –con la inestimable y obediente colaboración de la prensa– en que se trata de un impuesto medioambiental. Más aún: ahora están tratando de colarnos que, contra esta subida, se avecina una “guerra del gasoil” apoyada nada menos que por los fabricantes de automóviles, que serían –¡pobrecitos!– los principales perjudicados por el impuestazo. Pero esa aseveración no se tiene en pie.

Por una parte, además del considerable incremento directo en el coste del repostaje que tendrán que soportar cada vez que vayan a la gasolinera, los propietarios de un coche diésel, por el sólo anuncio de la subida, ya están viendo disminuido su patrimonio, pues si quisieran venderlo hoy les darían dos mil euros menos que hace un mes (al disminuir el valor venal del vehículo proporcionalmente al encarecimiento esperado del gasoil e inversamente proporcional a su edad, ya que estará menos amortizado). Y esta merma del patrimonio que soportará la ciudadanía supera, en términos totales, los diez mil millones de euros. ¡Eso sí que son pérdidas! De hecho la Administración, en virtud de su responsabilidad patrimonial, debería indemnizarnos por tal minusvalía, máxime teniendo en cuenta la responsabilidad del Gobierno en el número de vehículos diésel, derivada de habernos inducido durante años a preferir esa variante. Y como no van a indemnizarnos ni un euro, para evitar la injusticia que se avecina tendrían al menos que darnos una moratoria a la subida del gasoil como mínimo igual al período medio de amortización de un diésel, de modo que quienes ya lo compraron no se vean perjudicados por la decisión a la que fueron inducidos, y que los potenciales adquirentes dispongan de la debida información de cara a su compra futura.

Por otra, ocurre que los fabricantes de automóviles ganan lo mismo vendiendo un tipo de motor u otro, y si sólo sube el gasoil lo único que ocurrirá es que el comprador se decidirá más bien por un modelo gasolina/híbrido/eléctrico, pero no dejará de comprarlo; así que las casas, fuera de un período mayor de amortización de cierta maquinaria, poco pierden: fabricarán (y venderán) menos de un tipo y más del otro. De hecho, no sólo no perderán –y he aquí la clave fundamental– sino que, como mucha gente adelantará la decisión de cambiar su diésel por una versión menos penalizada, como ya se ha explicado, esto proporcionará colosales beneficios al sector automotriz e industria auxiliar.

Así que repito y acabo: quienes ahora pretenden escenificar una “guerra del gasoil” contra la subida impositiva para ganarse nuestra simpatía y apoyo, son precisamente aquellos en cuyo beneficio se toma la medida que pagaremos entre todos. La burla no puede ser más insultante.