Legitimidad para deslegitimar

Posted by on 28/04/2022

Índice

1. Lo legal

Según los entendidos, la denominada “operación militar especial” rusa en Ucrania es ilegal porque, por lo visto, contraviene la legislación internacional; y aunque esto parece, en principio, bastante plausible, no faltan autorizadas voces que sostienen y argumentan lo contrario. De hecho quizá haya, en efecto, base para una sana controversia de carácter técnico legal, porque si el gobierno ruso -se me ocurre- ha reconocido formalmente a las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, y éstas le piden luego que acuda a ellas con su ejército para ayudarlas a echar al ejército “extranjero” ucraniano, ¿existe en puridad invasión? Mas como no entiendo de esats cosas, para no meterme en camisas de once varas ni alargar esta exposición en demasía asumiré que sí, que se trata de una iniciativa bélica ilegal.

Aun así, quedarme en esa simple afirmación para condenar la acción de Rusia se me antoja sumamente simplista y casi hasta pueril, porque lo importante de las acciones humanas en sociedad, a mi modo de ver, no es tanto su legalidad como su legitimidad. Y aquí tropezamos con un escollo filosófico en el que no hay más remedio que detenerse.

Es ilegal, por definición, todo acto que vulnera las leyes. Pero bien sabemos que éstas, por mucho que sean el instrumento que las sociedades se otorgan a sí mismas para regular su funcionamiento más o menos ordenado y pacífico, están plagadas de injusticias y arbitrariedades. A lo largo de la historia se han dictado -y siguen dictándose- incontables leyes que resultan injustas en mayor o menor grado; y aunque el concepto de justicia sea tan relativo y escabroso que pueden escribirse varios tratados enciclopédicos sobre él sin llegar a concretarlo, conviene recordar que, desde que existen las normas, millones de personas han sido expoliadas, lesionadas, mutiladas, torturadas o ejecutadas de un modo perfectamente legal, aunque inequívocamente injusto. Cuenta el mito -y reconozco que nunca me he tomado la molestia de verificarlo- que todas las atrocidades que se cometieron en la Alemania de Hitler estuvieron respaldadas por la ley. ¿Era aquello justo? Pero no hace falta llegar a tan cruentos extremos. Por ejemplo, y para mencionar un caso muy actual, resulta bien injusto, se mire como se mire, que en algunas regiones de España un niño no pueda ser educado en español, y sin embargo es legal; como también lo es, e injusta al mismo tiempo, la discriminación por razón de sexo que introducen nuestras llamadas leyes “de violencia de género”. Con demasiada frecuencia las normas se dictan no para contribuir a que las sociedades sean justas y equitativas, sino para beneficio de las castas privilegiadas o prioritario contento de ciertos lobbies o esferas de influencia.

De modo que si queremos formarnos un juicio relativamente ecuánime sobre los actos de alguien, sin excluir los propios, es necesario dejarnos de gazmoñerías legales, pues tales códigos poco tienen que ver con la bondad, la justicia o la equidad. Esta falta de ecuanimidad que con demasiada frecuencia acompaña a una u otra legislación la percibimos todos (sea de modo consciente o inconsciente), y creo no equivocarme si digo que, por regla general, las incumplimos tanto más cuanto más arbitrarias o poco razonables se nos antojan. ¿Quién no ha infringido alguna vez un precepto legal a sabiendas? Parece difícil negar que casi todos lo hemos hecho, quizá incluso a menudo, sobre todo si nos parece justificado. El ejemplo prototípico -y basta con uno para validar mi argumento- es el de las normas de tráfico: saltarse un semáforo en naranja, rebasar en lo más mínimo el límite de velocidad o dejar de llevar un instante el cinturón de seguridad abrochado son actos tan ilegales, en esencia, como meter el ejército en el país del vecino, pues la categoría en estudio, a la que pertenecen tanto aquellas conductas como ésta, es de naturaleza binaria: sólo admite dos valores: cero o uno, legal o ilegal. Adviértase que no estoy comparando la gravedad de dos infracciones dadas, sino sólo determinando si existe infracción o no.

Hay un chiste que, pese a su dudosa elegancia, ilustra bastante bien lo que trato de exponer. Un hombre le pregunta a una mujer: “¿Pasarías la noche conmigo por diez millones de euros?”, a lo que ella responde, sorprendida: “¿Diez millones? ¿En serio? Pues… hombre, por diez millones supongo que sí”. Entonces él repregunta: “¿Y por diez euros?” “¡Diez euros! -exclama ella- ¿Pero quién te has creído que soy?” “No -concluye el hombre-, lo que eres ya ha quedado claro. Ahora sólo estamos discutiendo el precio”. Pues aquí es igual: quien admita haber vulnerado la ley ya está reconociendo el relativo respeto que le merece; lo demás es sólo discutir el precio.

Así, si lo que achacamos a Putin es la ilegalidad de la contienda en que se ha embarcado, deberíamos empezar por admitir que nosotros también hacemos a veces cosas ilegales, y a continuación preguntarnos qué bula tenemos entonces que a los demás les negamos. Porque una de dos: o aceptamos que se pueda actuar ilegalmente a criterio propio, o no lo aceptamos. De momento, es este punto el que me interesa dejar claro. La cuestión de la gravedad o consecuencias de cada infracción es  otra, viene después. Pero si la respuesta al dilema anterior es “sí” (¿y qué otra podría ser, ¡oh!, pecadores?), entonces tenemos un serio problema, pues la siguiente pregunta resulta insoslayable: ¿Con qué cánones determinamos cuándo deja de ser aceptable vulnerar la ley? O sea: ¿dónde ponemos la frontera? Unos dirán que en circular sin cinturón de seguridad y otros que en invadir Ucrania; y ambos podrán tener razón. ¿En qué grado de incumplimiento, pues, comienza lo intolerable? Para resolver esta cuestión no podemos llamar en nuestra ayuda al legislador: él ya hizo su trabajo al establecer los límites objetivos, medibles, a partir de los cuales la conducta es ilegal; si luego un ciudadano decide saltárselos a su propio criterio, él sabrá hasta dónde quiere llegar, pero tendrá que apencar con que otro ciudadano más atrevido tenga criterios distintos del suyo.

Se trata, en efecto, de una trampa que nos tiende nuestra naturaleza subjetiva: no tenemos más remedio que admitir que le concedemos a nuestro juicio y parecer el derecho a intervenir en conductas reguladas por la ley; pero, con dicha concesión -y confesión-, pierde su validez el infantil argumento de que “la invasión de Ucrania es ilegal”. A mí, por lo menos, no me sirve por sí solo para condenar a Vladimir Putin en mi fuero interno por su iniciativa bélica. Por eso creo indispensable, para saber qué pienso al respecto, enfocar la invasión desde el punto de vista de su posible legitimidad.

¿Pero cuál es la diferencia entre ambos conceptos?

2. Lo legítimo

 

De acuerdo con el DRAE, lo legítimo o lícito es lo que es justo, permitido, según justicia y razón. Una pobre definición, dicho sea de paso, del tipo tautológico a que tan acostumbrados nos tienen nuestros académicos, pues justo según justicia es una perogrullada que no aclara nada; pero al menos introduce dos elementos que, al ser subjetivos, establecen decisiva distancia con la legalidad: la justicia y la razón. Por su parte, María Moliner define lo lícito como aquello que es conforme a la moral, y lo legítimo como lo que es como debe ser y no puede ser censurado. Y estas definiciones son más interesantes aún, más útiles para tomar partido según nuestra conciencia en determinado asuno; que en el presente caso es el siguiente: ¿encuentro justa y razonable la intervención rusa en Ucrania?, ¿me parece moralmente censurable?

Como se ve, mientras que la legaliad no deja margen a la opinión, con la legitimidad no ocurre lo mismo, pues cada persona tiene su propia razón, moral y sentido de la justicia, necesariamente subjetivos. Pero esto no debe desanimarnos para resolver con sensatez la cuestión metafísica planteada, pues de otro modo correríamos el riesgo de juzgarla sólo de modo emocional, que es aún peor, puesto que las emociones son más manipulables que las opiniones. Y traigo a cuento la manipulación porque me temo que la mayoría de los ciudadanos occidentales estamos tomando partido contra Rusia, o al menos contra Vladimir Putin, dejándonos llevar por unas emociones astutamente provocadas (recuerde los edificios destrozados, el humo de los incendios, las rubias madres llorando, los churretosos niños de grandes ojos glaucos) por el eficacísimo aparato propagandístico del bloque atlántico, poniendo con sagaz maestría el foco del relato allí donde conviene a sus objetivos, desenfocando lo demás y censurando cualquier versión contrapuesta.

Así que, enfrentados ya con la subjetividad y siendo ésta distinta para cada individuo, quizá en el fondo todo se reduzca a una cuestión de coherencia personal, a guiar nuestro juicio para decidir si estamos, al menos, legitimados para deslegitimar. Y a tal fin no hay como tener la voluntad de informarse del contexto, conocer en lo posible todas las versiones y analizar el asunto con pensamiento crítico. Es absolutamente necesario sacudirse la pereza intelectual. En lo que a mí respecta, desde que comenzó este conflicto he aprendido algunas cosas que me hacen ser muy escéptico respecto a la monopolar narrativa oficial con que Occidente nos abruma; aunque obviamente me falta muchísimo por saber y bien puede ser que mañana un nuevo conocimiento me haga cambiar de opinión.

3. La posible legitimidad de Rusia

No tengo ni idea de qué pasará por la cabeza de Putin, pero se me ocurren algunas razones que podrían llegar a justificar la intervención militar que su gobierno ha ordenado en el Donbass.

Dado que Rusia encarna hoy, en buena medida, la continuación de la Unión Soviética en el tablero del poder mundial (aunque desde los años 90 abjuró del comunismo para abrazar la democracia capitalista), Estados Unidos sigue considerándola su principal enemigo. Obviamente, en Washington saben que el viejo coloso euroasiático no supone ya ningún riesgo para la seguridad de Occidente; pero EE.UU. necesita tener siempre algún terrible enemigo porque su prosperidad económica está basada en la guerra; por eso, para conservar su hegemonía mundial y su milimillonaria industria aramentística, nos presentan al resto de naciones una pavorosa imagen de Rusia y de Vladimir Putin como graves peligros a combatir. Pero la realidad es, me parece a mí, más bien la opuesta: son los EE.UU. y su organización bélica OTAN (injustificadamente mantenida tras la disolución de la URSS y continua y deslealmente expandida hacia el este desde entonces) quienes constituyen no un peligro potencial, sino una amenaza concreta, real, para la economía y existencia de Rusia, pues esta nación contiene, en sus inmensos territorios y costas, la mayor reserva de recursos naturales del planeta: valiosas materias primas, ubérrimas tierras agrícolas, gas, petróleo, oro, minerales raros, pesca, el dominio del Ártico…, y estas riquezas son ansiosamente codiciadas por las grandes multinacionales de la industria occidental, que sueñan con tenerlas a su disposición por cualquier medio. Así, en Occidente existe desde hace décadas el proyecto -o cuando menos el desiderátum- de fragmentar la Federación Rusa en varias repúblicas más pequeñas a las que poder luego controlar y explotar más fácilmente, para lo cual es preciso haber debilitado antes suficientemente al país, pues mientras Rusia sea una nación fuerte tal objetivo no puede llevarse a cabo. Sería muy conveniente, pues, sacar primero a Putin del Kremlin y provocar un cambio de régimen.

Súmese a lo anterior -¿y quién sabe si esto no es la clave última para entender lo que está ocurriendo?- la circunstancia de que la Rusia actual es el archienemigo del globalismo: su gobierno es conservador, apoya la religión, promueve valores tradicionales y es refractario a la agenda ideológica del “nuevo orden mundial” promovida por los poderes que ahora mismo deciden el destino de la mitad del planeta. Para ellos, Vladimir Putin es una china en el zapato, uno de los principales obstáculos para avanzar y llevar a buen término el programa global, abiertamente publicado por el Foro Económico Mundial de las élites financieras y las castas privilegiadas internacionales. Por eso les interesa acabar con su mandato.

Y es aquí donde Ucrania juega un papel esencial: un gobierno títere de Washington y dispuesto a cualquier hostilidad resulta una pieza clave, una palanca estratégica para ambos proyectos.

Desde la disolución de la URSS, Ucrania ha sido fuente de problemas para Moscú: su propia creación como Estado ex nihilo fue fruto de la polémica independencia de una república soviética étnicamente heterogénea cuyas diferencias regionales habían estado hasta entonces totalmente neutralizadas por su completo sometimiento al Soviet Supremo, pero que salieron a la luz y se convirtieron en un serio conflicto interno tras la independencia: mientras que las regiones del Donbass más Crimea eran mayormente rusófonas y generalmente rusófilas, el resto del país, con centro en Kiev (y más aún en Lviv), era muy eurófilo, algo rusófobo y con predominio del habla ucraniana (aunque la mayoría de la población es bilingüe y usa ambos idiomas indistintamente). Esta afinidad atlantista del centro-oeste ucraniano fue aprovechada durante años por los agentes del globalismo para agitar un sentimiento anti-ruso que culminaría en 2014 con un exitoso golpe de estado, promovido por EE.UU., para derrocar al gobierno democráticamente electo -y relativamente imparcial- que había y poner en su lugar a otro del gusto -por no decir títere- de Washington; momento desde el cual Ucrania se convirtió en elemento, o digamos herramienta, claramente desestabilizadora para Rusia y en un creciente peligro para su seguridad nacional. De hecho, no bien se impuso el nuevo gobierno, Kiev comenzó las hostilidades políticas, comerciales y sociales hacia su vecino, acompañadas del entrenamiento y armamento de su ejército por parte de la OTAN y seguidas de una sistemática represión hacia su propia población rusófila. No sin razón, la muy pro-rusa península de Crimea denunció la ilegalidad del nuevo gobierno y, con este argumento, realizó un referéndum regional para reincorporarse a la “madre patria”, que fue aprobado por la inmensa mayoría de los votantes. Huelga decir que Rusia acogió a sus antiguos hermanos con los brazos abiertos (quizá más por razones militares y estratégicas, fuerza es considerarlo, que por fraternidad).

Distinta suerte corrió el Donbass (los oblast de Donetsk y Lugansk), la otra región étnicamente rusa que también se rebeló contra el nuevo gobierno, pero en la cual el ejército ucraniano pudo impedir la secesión efectiva, empeñándose después a fondo en reprimir el levantamiento y en masacrar a la población civil, cuyas víctimas llegaron a superar la cifra de trece mil (sin que, desde luego, la prensa occidental les dedicara la menor atención). Y no piense el lector que se trataba de “víctimas colaterles”, no, sino que los civiles eran el objetivo directo de cañonazos y bombardeos. Existen en internet, para quien quiera buscarlas, abundantes imágenes y grabaciones de este horror. Para intentar dar solución política a esta contienda (más bien, matanza) se celebraron en 2014 y 2015 sendas rondas de negociaciones en Bielorrusia (con presencia internacional) de las que salieron los Acuerdos de Minsk I y II, en los que se pactaba el alto el fuego, Donetsk y Lugansk desistían de la secesión y Ucrania se comprometía a concederles un razonable grado de autonomía. Pero tales acuerdos no fueron respetados (hay versiones encontradas respecto a quién los rompió primero) y el asesinato de “simpatizantes de Rusia” por parte del ejército ucraniano continuó siete años más, hasta la actual “operación especial” del Kremlin. Y si bien durante todo este tiempo las dos autoproclamadas repúblicas (RPD y RPL) tuvieron sus ojos vueltos hacia Rusia en busca de apoyo político (que les fue concedido) y ayuda militar, ésta sólo les fue prestada de modo indirecto por Moscú, que prefería intentar una solución pactada con Kiev, o al menos eso parecía; y seguramente era verdad, porque, así como la “anexión” de Crimea se llevó a efecto sin disparar un solo cartucho, forzar manu militari la efectiva independencia de RPD y RPL implicaría entrar en guerra con Ucrania y, de rebote, quizá también con sus padrinos de la OTAN. Además, el gobierno ruso no ha mostrado en ningún momento interés en anexionarse el Donbass, como sí hiciera con Crimea. Pero, tras siete años de infructuosa política, decenas de miles de víctimas y terrible asolamiento en la región, el conflicto interno se había cronificado mientras que, por su parte, Kiev seguía incrementando su armamento y afianzando vínculos con la alianza atlántica, forzando así a Moscú, de modo indirecto aunque seguramente deliberado, a intervenir militarmente en favor de las repúblicas insumisas; que no otro era, seguramente, el propósito de Washington, pues todas sus actuaciones y decisiones al respecto durante los pasados años parecen apuntar a un intento de acorralar y provocar a Rusia para que diera el paso que Putin finalmente ha dado. En principio, el conflicto en Ucrania favorecía sobre todo a los intereses de EE.UU.

Piense uno lo que quiera, es innegable la creciente preparación de Ucrania por parte de la OTAN para convertirla en su aliado estratégico (si no en miembro de pleno derecho), con ejercicios militares y centros de mando conjuntos, entrenamiento de su ejército y envío de armamento bastante -sin descartar el nuclear- para poder intimidar a Rusia y condicionar su política; eso por no hablar de los laboratorios de guerra química y biológica que están saliendo a relucir (aunque este asunto está aún por aclarar). Moscú lleva muchos años intentando que Occidente atienda a sus repetidas y más que razonables exigencias sobre garantías de seguridad y advirtiendo de que no toleraría pasivamente nuevas expansiones atlantistas que pusieran en mayor peligro su soberanía e integridad; pero tales exigencias fueron siempre rechazadas -si no ignoradas- por “USEuropa”.

Por otra parte, en esta situación no deja de tener su peso la herencia fascistoide de decisivos cuadros del gobierno y ejército ucranianos: el famoso “regimiento Azov” (aunque hay otros dos de la misma índole). Vaya por delante que, para mí, este argumento es sólo una nota de color. y que yo no agito el espantajo del nazismo: nunca he creído en ese trillado fantasma, lugar común al que se acude desde hace décadas para calificar cualquier opción política contraria a la propia. Pero yo, claro, no soy ciudadano de una nación que puso veinticinco millones de muertos luchando contra Hitler. Los rusos, en cambio, sí, y parece comprensible que se agiten sus emociones y pongan todo su empeño en eliminar del país vecino el culto a uno de los más sádicos colaboradores nazis que hubo durante la SGM (Stepan Bandera) y al régimen que le costó a Rusia tan desorbitado derramamiento de sangre. La existencia en la Ucrania de nuestros días de un filo-nazismo formal resulta en principio muy poco plausible, y yo mismo me resistía a creerla; pero tras ver la abundante información audiovisual al respecto, de manifiesta verosimilitud, que circula por internet, he tenido que rendirme a la evidencia. Ahí está para quien quiera verla, pero no la busque el lector en Youtube.

3. Legitimidad para deslegitimar

Habida cuenta todo lo anterior, quizá no sea al fin y al cabo tan ilícita, tan injustificable, una operación militar encaminada a asegurar la supervivencia propia. Dudo mucho que el afán de Putin sea -como nos cuentan- el de extender los dominios rusos, recrear la URSS, reincorporar Ucrania a su territorio o siquiera anexionarse el Donbass. Rusia es el país más extenso del planeta: tiene territorios de sobra y no necesita más. Yo más bien me inclino a pensar que sus objetivos reales se alejan muy poco de los oficialmente manifestados: conservar la Crimea de los rusos para los rusos, neutralizar el creciente y amenazador potencial militar de su belicoso vecino como aliado de la OTAN, y acabar con la represión étnica de la población hermana en las repúblicas de Donetsk y Lugansk.

No bien he escrito “población hermana” ya estoy viéndolo a usted, lector, levantando una ceja y poniendo cara de escéptico, pues no sin fruto lleva lustros escuchando que Putin es la reencarnación de Satán, un corrupto y codicioso político que no piensa en su pueblo, disfruta sádicamente asesinando civiles y se come a los niños crudos. Es posible. Pero seamos pragmáticos: personalmente, en el fondo se me daría una higa que mi presidente fuese antipático o cínico, tuviese el alma negra o estuviese devorado por la avaricia; lo que más me importa son sus actos y las consecuencias que éstos tengan para mi nación primero, para las otras después. Intentemos ser realistas: un político de honestidad intachable es una utopía. En un mundo donde la corrupción institucional es la norma general, quizá deberíamos conformarnos si quien lleva las riendas de nuestro pueblo no es peor que sus rivales, e incluso aplaudirlo si, de sus actos, se deriva un tablero del poder mundial menos desequilibrado y monopolar. ¿Sería la Tierra un lugar mejor con EE.UU. como dueño único, indiscutible y eterno de ella? ¿Es Ucrania un país mejor con el títere Zelenski que con el derrocado Yanukovich? ¿Será Rusia más próspera cuando el globalismo le imponga un presidente de su cuerda?

Pero estoy divagando y toca ya concluir. Sean cuales fueren las intenciones verdaderas de Putin, la cuestión final es simple: ¿quién está legitimado para deslegitimar? Porque, de todos los países del mundo, EE.UU. es con diferencia el que menos solvencia moral tiene para condenr a Rusia o a su dirigente. Si esa condena -y las mil sanciones que la acompañan- viniera liderada por algún estado que no hubiera roto un plato en toda su existencia, seguramente me sentiría más inclinado a aceptarla; pero en modo alguno acepto la de EE.UU., acaso la nación más belicosa de la historia de la humanidad. El rol de países a los que el “Imperio de la Mentira” ha hecho la guerra o en los que ha intervenido con una excusa u otra (aunque sin más motivo real que una inagotable ambición económica ni más fin verdadero que la hegemonía financiera y mundial) es abrumador: Yemen, Libia, Siria, Irak, Uganda, Somalia, Pakistán, Afganistán, Golfo Pérsico, Bosnia, Kósovo, Haití, Panamá, Irán, Líbano, Camboya, Korea, Nicaragua, Vietnam… Sólo desde la Segunda Guerra Mundial, USA ha iniciado más del 80% de las contiendas que ha habido en el planeta; siempre, además, impunemente y lejos de sus fronteras, pues cuenta con una ubicación geográfica privilegiada que lo pone fuera del alcance de cualquier potencial ataque enemigo. Desde su misma fundación en 1776, sólo ha permanecido el 15% de su historia sin participar en ninguna guerra, y en ella se basa su prosperidad. Su matonismo pan-nacional es insufrible; su papel de “policía mundial” es auto-otorgado y cínico hasta la náusea. Así que, ¿quién es Estados Unidos para condenar a nadie por guerrear?

Tal vez alguien me diga: “Ya, pero es que yo no soy EE.UU., sino un pacífico ciudadano de a pie que nunca ha hecho daño a nadie, así que tengo solvencia moral para deslegitimar a Vladimir Putin.” Tal vez, tal vez; pero se da la circunstancia de que esa opinión de usted no proviene, seguramente, de su propio caletre, sino que le ha sido inducida por la abrumadora propaganda -a menudo inadvertida- en que Occidente, liderado por EE.UU., lo ha sumergido, impidiéndole además, mediante la más arrasadora y desvergonzada censura que ha conocido la tan cacareada “libertad de expresión”, acceder siquiera a fuentes de información alternativas donde pudiese encontrar otras razones y argumentos. Quizá va siendo hora de abandonar esa pereza intelectual a que me he referido y empezar a pensar por nosotros mismos.

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