Desde que el tribunal de Estrasburgo resolvió en contra de la polémica doctrina Parot (con bastante justicia, hasta donde se me alcanza) y la Audiencia Nacional empezó a excarcelar etarras con sospechosa y desusada celeridad, no me cupo la menor duda de que el gobierno de Rajoy estaba detrás de ello; y cada vez que escuchaba o leía en los medios la repetida pregunta: ¿por qué tanta prisa?, no dejaba de cuestionarme si era posible que los profesionales de la información no fueran capaces de apuntarnos la obvia respuesta: porque la excarcelación forma parte de la línea de acuerdos con ETA para llegar a su disolución.
Parece ser del dominio general que la obligación de acatar las resoluciones del Tribunal de Estrasburgo es más que dudosa, y ya sabemos que miles de ellas no han sido ejecutadas, teniendo España varias aún pendientes de ejecución. Pero incluso admitiendo que tuviésemos el compromiso de hacerlo, lo indudable es que nada nos obligaba a darles curso acelerado y cauce prioritario a las excarcelaciones resultantes de la “desautorización” de la doctrina Parot; de modo que, si así se ha hecho, ha tenido que ser con la total aquiescencia del gobierno del PP.
Pero, ¿por qué la derecha española se presta a una medida tan impopular, no sólo entre sus votantes, sino entre la mayoría de la población? ¿Qui prod est? Nada en política es casual. Sin duda planearán sacarle rentabilidad electoral y -¿quién sabe?- quizá también, de rebote, pueda resultar un beneficio para la nación. Mas, de momento, sólo hay un grupo social a quien la colectiva excarcelación de etarras beneficie: ETA y su entorno sociopolítico, que no es pequeño. De manera que tenemos ya dos elementos esenciales para llegar a la conclusión, puesto que una jugada del Gobierno que beneficia a ETA y al movimiento abertzale ha de estar compensada por una jugada recíproca que beneficie al Gobierno. ¿No huele el lector ya a desarme?
Pues precisamente ahora se anuncia un desarme parcial de ETA para, al parecer, finales de año. ¿Hace falta más evidencia? Parece claro que nuestro Gobierno actual cede ante algunas reivindicaciones de la banda terrorista (o de su brazo político) para acercarse, a cambio, a un desarme electoralmente rentable y, desde luego, socialmente deseable. Si el PP ha estado detrás de esta línea de negociación desde sus mismos inicios, codo con codo con Zapatero, o si sencillamente la está continuando de motu propio, es cuestión a la que mis conjeturas ya no llegan; pero lo que me resulta indudable es que todo forma parte de la misma historia.
Por lo demás, no es que yo sea un convencido detractor de las negociaciones con los terroristas: comprendo que frente a un problema social tan grave un Gobierno ceda a la tentación de pactar acuerdos en lugar de aniquilar al enemigo a riesgo de espirales de violencia; pero lo que me parece inaceptable es que el PP monte la farsa de las condolencias y la empatía hacia las víctimas, de los golpes de pecho y de las solemnes declaraciones de impotencia respecto a la resolución de Estrasburgo. Todo lo que el Ejecutivo lleva diciéndonos desde que comenzaron las excarcelaciones hiede a podrido. Y lo irónico es que, con el desarme de ETA, Rajoy va a colgarse la única medalla que, dado el caso, podría haberle correspondido a Zapatero en sus ocho años de nefasto gobierno.
