Como tantos millones de españoles, he recibido estos días la clásica correspondencia de propaganda electoral para las elecciones: el mismo despilfarro presupuestario de siempre, aunque con un importantísimo agravante: esta vez las cartas, en lugar de ser simple buzoneo, van dirigidas a mi nombre y domicilio. O sea, un atropello más de la Ley de Protección de Datos (LPD); atropello especialmente intolerable y escandaloso, porque en esta ocasión cuenta con el beneplácito de las autoridades gubernamentales o judiciales, si no de ambas.
La verdad es que llega uno a hartarse de que aquí, en España, todo el que le da la gana, si tiene poder político o influencia económica, se salta la LPD por el arco del triunfo e impunemente. La última tomadura de pelo, vergonzosa, fue el presunto blindaje de nuestro “derecho a la privacidad”, adoptado por iniciativa europea, respecto a los datos personales que almacenan los sitios web; blindaje cuya medida estrella de cara a nuestra protección era la taxativa e inapelable prohibición de enviar spam -o cualquier tipo de correo electrónico no deseado- sin el previo consentimiento consciente y expreso del destinatario. Con anterioridad, se nos podía enviar correo comercial sin más requisito que incluir en él un enlace para desuscribirse; pero ahora, en teoría, nadie debería enviarnos tales mensajes sin que antes lo hayamos solicitado intencionadamente. Y lo mismo cabe decir de las cookies.
Pues bien: no sé a mis lectores, pero a un servidor le llegan ahora ¡entre cinco y diez veces más mensajes de spam! que antes de esa “nueva protección”. O sea, que sesudos equipos de técnicos (a quienes sin duda pagamos un sueldazo) deliberan durante semanas o meses para parir una normativa que nos proteja del incesante bombardeo de spam, y lo que resulta es que dicho bombardeo se quintuplica. Vamos: para ponerse a mear y no echar ni gota. Por cierto que la burla más descarada que he sufrido al respecto es el caso de Yahoo, donde, para configurar el rechazo a las cookies, se redirige al usuario a sucesivas páginas de terceros, a cual más engorrosa y pesada de leer, para llegar finalmente a una inacabable lista de “socios comerciales” cuyas respectivas páginas de rechazo deberemos abrir y configurar una a una si no queremos que esos pequeños duendecillos espías llamados cookies se almacenen en nuestro navegador para vigilar cada uno de nuestros clics. En fin: la más descarada y abusiva inocentada cibernética que he tenido ocasión de ver.
Pero, a todo esto, ¿dónde está la Agencia de Protección de Datos? ¿Qué hace, aparte de chupar de los presupuestos del Estado? Mucho me temo que la LPD se ha convertido en papel mojado y que la Agencia sólo sirve ya para sancionar a algún pobre diablo que no sabe ni cómo configurar su blog conforme a la nueva normativa, o para estorbar a la Policía y Guardia Civil la agilidad de sus investigaciones, mientras que las empresas de venta online -excuso decir, los grandes dominios de Internet- y los partidos políticos con su propaganda electoral se descojonan de las prohibiciones y de nuestra privacidad.
En concreto estos últimos, los partidos, porque una vez en sus manos las bases de datos con nuestros nombres y domicilios -que teóricamente sólo pueden usar para la bazofia propagandística electoral- ¿qué les impide hacer uso ilegal de esa información? Apañados vamos si tenemos que esperar a que la Agencia vaya a hacer investigación alguna al respecto, no ya de oficio, sino ni siquiera a raíz de una denuncia particular. Y así las cosas, ¿para qué quiere la ciudadanía esas herramientas de supuesta protección legal que a nadie protegen sino a los poderosos? Si es para que le metan mano al pringao de turno o para entorpecer la acción de la justicia mientras que la política y el mercantilismo hacen de su capa un sayo, entonces propongo derogar la Ley de Protección de Datos y cerrar Agencia Española del mismo nombre, pues al menos así nos ahorraremos el sueldo que les pagamos a sus empleados.
