Publicado en Estrella Digital
El gobierno de España modificará la ley que regula la prohibición de fumar en lugares públicos donde esto pueda afectar la salud de terceras personas, con objeto de satisfacer la condición que Sheldon Adelson, el magnate norteamericano del juego, impone a la Comunidad de Madrid como requisito indispensable para crear el complejo lúdico conocido como Eurovegas.
Pero cambiar la ley antitabaco única y exclusivamente para que pueda fumarse en Eurovegas supone un deplorable retroceso en la defensa de los derechos y libertades de la ciudadanía, que tanto trabajo costó conseguir, con objeto de que se antepusiera siempre el derecho de los no fumadores a respirar aire sin humo al de los fumadores a consumir labores del tabaco; y también una clara violación del principio de igualdad, ya que discrimina al resto de establecimientos públicos cuyos dueños también querrían que se permitiera fumar en ellos. Y, lo que es peor: al cambiar la ley para asegurar los máximos beneficios de un magnate, España se prostituye con un descaro y en grado sin precedentes.
Los argumentos que tanto los políticos de la Comunidad de Madrid como –muy especialmente– David Pérez, el alcalde de Alcorcón, esgrimen para adoptar y apoyar esta medida son débiles, cuando no simplemente ridículos. Por un lado, aseguran que se generará mucho empleo; y así será, con toda probabilidad; pero, como siempre, los políticos sólo miran el corto plazo, puesto que, entre otras cosas, dicha afirmación ignora deliberadamente el impacto social y medioambiental que tanto a corto como a largo plazo puede tener la creación de semejante centro del consumo, y los costes indirectos (casi imposibles de calcular) que conllevará. Por otro lado, argumentan que no tiene por qué haber riesgo para la salud de los no fumadores porque, al fin y al cabo, entrar a un casino es algo voluntario. Esto sí que no se tiene en pie. ¿Acaso no es también voluntario entrar en un bar cualquiera? Y, sin embargo, para eso se aprobó la ley antitabaco: para que quien voluntariamente quiera ejercer ese derecho pueda hacerlo sin tener que convertirse en fumador pasivo. O se autoriza el tabaco en todas partes, o no se autoriza en ninguna.
Entonces, ¿qué es lo que subyace tras esta aberrante modificación de la ley? Está claro: por un lado, el gol político y espaldarazo electoral que se apuntarán quienes estén en las esferas concéntricas alrededor de Eurovegas, gracias al inminente y significativo aumento del empleo y de la actividad económica que se producirán durante la construcción del complejo, parte de los cuales permanecerán después, al menos durante unos años. Es decir, que una vez más se anteponen los intereses de los políticos y sus partidos sobre los de la sociedad en su conjunto, para la que una modificación como esta puede debilitar la ley antitabaco hasta tal punto que la haga tambalear. Por otro lado, las más que presumibles comisiones, regalos o prebendas que muchos de los implicados en la decisión reciban como contrapartida, posibilidad que le está vedada al pequeño empresario, que no tiene dinero para convencer a los políticos. Si España fuera un estado de derecho serio y no una república bananera, no cedería a esa presión del capital estableciendo tan lacerante excepción. Y, desde luego, una cosa es cierta: Mr. Marshall no ha elegido a España para su Eurovegas por lo mucho que nos quiere o la predilección que sienta por nuestro país, sino porque sabe que aquí la ley se puede comprar.
